La ley permite el internamiento involuntario de una persona para someterla a tratamiento médico por motivo de trastorno mental.
Al ser involuntario se hará en contra de su voluntad.
Esta medida se sustenta en el interés social y la seguridad pública, pretendiendo proteger la vida e integridad física y psíquica de los ciudadanos.
Normalmente se adopta cuando una persona presenta una grave perturbación mental que le impide gobernar sus propios actos y que puede llevarle a atacar a los demás o autolesionarse.
De este modo, además de evitar perjuicios a terceros, tiene una finalidad de contención y curativa respecto del internado.
En cuanto a su duración, el internamiento puede ser temporal (cuando es el resultado de la ingesta de sustancias tóxicas o del abandono de un tratamiento farmacológico ya prescrito, por ejemplo) o de más difícil solución.
El internamiento involuntario y el derecho a la libertad
El internamiento involuntario presenta implicaciones directas sobre el ejercicio del derecho fundamental a la libertad personal del artículo 17.1 de la Constitución.
El Tribunal Constitucional viene exigiendo una serie de requisitos para garantizar la constitucionalidad del internamiento involuntario
Acreditar la enajenación mental del afectado ante la autoridad judicial por medio de un dictamen pericial médico;
Que la enajenación mental revista un carácter o amplitud que haga necesario el internamiento; y
Que la enajenación persista y, en consecuencia, debe continuar el internamiento en interés de la seguridad de los demás ciudadanos y del propio internado.
¿Qué ley regula el internamiento forzoso del enfermo mental?
El artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula el internamiento involuntario por razón de trastorno psíquico.
La cuestión también es abordada en la legislación civil catalana, concretamente en los artículos 212-4 y siguientes del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña.
Es importante señalar que esta regulación sólo se aplica a personas que no están en condiciones de decidir por sí.
Consecuentemente, esta normativa no es aplicable a personas mayores de edad que estén capacitadas para decidir por sí mismas sobre su propio internamiento.
¿Cuándo se usa el internamiento involuntario de un paciente con trastorno mental?
Las patologías que más frecuentemente requieren este tipo de medida tienen que ver con episodios psicóticos, estados maníacos, desequilibrios psicóticos por interrupciones en los tratamientos, trastornos delirantes y trastornos depresivos mayores.
Antes del internamiento debe obtenerse autorización judicial del juzgado correspondiente al lugar donde resida la persona que hay que internar.
Las personas legitimadas para instar el internamiento son:
-familiares más próximos del sujeto;
-tutores;
-Ministerio Fiscal;
-terceros que puedan verse afectados en caso de no adoptarse la medida.
¿Qué ocurre en supuestos de extrema urgencia?
Hay excepciones en que el internamiento puede llevarse a cabo sin autorización previa del juez (quien deberá, eso si, autorizar el internamiento a posteriori).
Estas excepciones se basan en razones de urgencia que pueden requerir la inmediata adopción de la medida.
Es necesario que un facultativo las acredite, y deben fundamentarse en un riesgo inmediato y grave para la salud y/o la integridad física y/o psíquica del enfermo o de otras personas.
En tal caso, el centro de internamiento deberá informar al juzgado competente dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, a fin de ratificar la medida.
El juzgado dispone de un plazo máximo de setenta y dos horas desde que es informado para resolver.
Requisitos para autorizar el internamiento
El juez debe escuchar las alegaciones que le formulen:
la persona afectada por la decisión
el Ministerio Fiscal
otras personas requeridas por el juez o el propio afectado por la medida.
La ley también exige que el juez examine por sí mismo a la persona a internar.
Asimismo, el médico forense adscrito al juzgado debe emitir obligatoriamente un dictamen pericial que valore la situación de la persona afectada.
¿Cuánto puede durar un ingreso involuntario? La resolucion acordando el internamiento obliga a los facultativos que atiendan al interno a informar acerca de la evolución del tratamiento.
Los informes serán emitidos cada seis meses, como mínimo.
Al revisar estos informes periódicos, el juez adoptará una decisión acerca de la continuación o finalización del internamiento.
A pesar de esta potestad del juez, los facultativos pueden dar de alta al interno sin recabar autorización judicial, si consideran que no es necesario mantener el internamiento.
En tales casos, deberán comunicar el alta al juzgado de manera inmediata.
La ley no especifica el centro en que se ha de proceder al internamiento, por lo que se podrá hacer en centros hospitalarios, de salud, geriátricos, etc.
Conclusión
El internamiento involuntario permite privar de libertad a individuos con trastornos mentales graves, asegurando su tratamiento y protegiendo a la sociedad.
La ley exige autorización judicial y fundamenta el internamiento en evaluaciones médicas que demuestren la realidad y persistencia del trastorno.
La duración puede ser temporal o prolongada, con seguimiento judicial y médico periódico.
La ley garantiza el derecho a que se escuche y examine al interno por el juez, así como la emisión de informes médicos regulares.
Los facultativos pueden dar de alta al interno si lo consideran apropiado.
No olvides solicitar asesoramiento legal en caso de encontrarte en situaciones como las descritas.